Un conflicto demora el inicio del mayor proyecto de minería en la Argentina

2026-03-05 - 20:13

El mayor proyecto minero de cobre del país todavía no comenzó a construirse y ya enfrenta controversias regulatorias. Se trata del proyecto Vicuña, que prevé una inversión de al menos US$7100 millones en San Juan, pero algunos aspectos vinculados a la infraestructura eléctrica están demorando el inicio de las primeras obras. Para desarrollar la producción de cobre a más de 4200 metros de altura, las empresas mineras planificaron un ambicioso esquema de infraestructura que incluye la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión para conectar el complejo con el sistema interconectado nacional. Por ahora, los campamentos y las tareas de exploración funcionan con generadores eléctricos alimentados con gasoil, que YPF transporta en camiones hasta la zona. Los tanques de almacenamiento tienen una capacidad de 330 metros cúbicos, suficiente para cubrir aproximadamente 14 días de operación. El año pasado, la Secretaría de Energía publicó la resolución 311/25, que habilita a industrias con alta demanda eléctrica, como la minería, a construir por su cuenta obras de infraestructura energética. A cambio, las compañías pueden obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que generen durante la vida útil del proyecto. En ese marco, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó el 18 de febrero el pedido de Vicuña para ampliar la red de transporte eléctrico y abastecer una demanda inicial de 260 MW, que requerirán los complejos mineros Josemaría y Filo del Sol. El plan contempla la readecuación de algunas estaciones transformadoras y la construcción de unos 220 kilómetros de líneas eléctricas. La compañía se haría cargo del financiamiento de estas obras, cuyo costo se estima entre US$400 millones y US$500 millones. A cambio, recibiría prioridad de acceso a la línea por el 90% de la capacidad de transporte durante al menos 25 años, un plazo compatible con la vida útil estimada del proyecto. Es decir, no se trata de una exclusividad sobre infraestructura existente, sino de una prioridad sobre la capacidad que generaría una obra financiada por la propia empresa. El procedimiento establece que, si no se presentan objeciones, el acceso se aprueba en las condiciones previstas por la normativa. Sin embargo, la provincia de San Juan se opuso a través de su ente regulador provincial, el EPRE, que presentó una “oposición fundada de carácter procedimental, técnico y jurídico” a la solicitud de acceso y ampliación de la capacidad de transporte. Además, pidió al ENRE que se abstenga de otorgar la autorización y convoque previamente a una audiencia pública. El organismo provincial señaló que está “gestionando” la ejecución de un importante plan de infraestructura eléctrica en San Juan, financiado con fideicomisos provinciales, que permitiría conectar los proyectos Josemaría y Filo del Sol. “La pretensión de capturar el 90% de la capacidad remanente constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular”, sostuvo el EPRE en una nota enviada al ENRE el lunes pasado. Desde Vicuña, en cambio, aclararon que la publicación del ENRE no implica que la empresa tenga control sobre la infraestructura eléctrica de San Juan ni exclusividad sobre el sistema de transporte. “En el sistema eléctrico argentino rige el principio de acceso abierto. Esto significa que cualquier proyecto que requiera energía puede solicitar conexión y, si la capacidad existente no alcanza, proponer ampliaciones de la red. En este caso, Vicuña planteó obras de ampliación que serían financiadas por el propio proyecto para abastecer su demanda futura”, explicaron. “La normativa prevé que, cuando una empresa financia una ampliación específica del sistema, pueda tener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que genera esa obra. Pero esa prioridad se limita únicamente a esa ampliación puntual: no implica exclusividad sobre la red ni impide que otros proyectos presenten sus propias solicitudes o propongan nuevas ampliaciones”, agregaron. La discusión refleja un problema estructural de la Argentina: el déficit histórico en infraestructura energética, particularmente en líneas de transporte eléctrico, que hoy funcionan como un cuello de botella para el desarrollo de nuevos proyectos de generación y de grandes emprendimientos industriales. Con un riesgo país por encima de los 500 puntos y sin margen fiscal para financiar obras ni trasladar su costo a las tarifas, el Gobierno impulsó un esquema para que las propias empresas inviertan en la construcción de nuevas líneas eléctricas y, a cambio, obtengan prioridad de uso durante un período determinado. Para habilitar este mecanismo, el Congreso aprobó la Ley de Bases, que facultó al Poder Ejecutivo a modernizar la ley 24.065 del sector eléctrico. Luego, el Gobierno avanzó con el decreto 450, que incorporó el artículo 31 bis y estableció el marco legal que respalda la resolución 311 de la Secretaría de Energía. En este contexto, la disputa regulatoria por la infraestructura eléctrica podría convertirse en el primer gran test para el nuevo esquema que impulsa el Gobierno para financiar obras energéticas con capital privado. Lo que se defina en el caso de Vicuña no solo determinará el ritmo de avance del mayor proyecto cuprífero del país, sino también el modelo con el que la Argentina intentará destrabar su histórico déficit de infraestructura.