Piden llevar a juicio a la excúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba por una trama de corrupción y extorsiones

2026-03-22 - 20:30

CÓRDOBA.- El fiscal Enrique Gavier pidió la elevación a juicio de la investigación que involucra a exjefes y altos mandos del Servicio Penitenciario de Córdoba acusados de integrar una organización criminal que habría operado durante años desde el interior de las unidades penales. El representante del Ministerio Público dio por “cumplida la investigación penal preparatoria” con cargos por asociación ilícita y extorsión, en un entramado que −según el dictamen− no fue circunstancial, sino “estructural”. La imputación alcanza al exjefe del Servicio Penitenciario durante 15 años, Juan María Bouvier; su pareja, Silvia Guadalupe Barbero; el exsubjefe Víctor Hugo Vivas y otros directores generales. Para la fiscalía habrían conformado una red con capacidad de incidir en todo el sistema carcelario. El texto de elevación a juicio señala que los acusados “habrían consolidado una asociación criminal orientada a la comisión de múltiples e indeterminados delitos”, actuando de manera sostenida y “presumiblemente con fines de lucro”. La gravedad del planteo no se limita a los delitos investigados, sino al lugar desde donde habrían sido cometidos. Según Gavier, se trató de un esquema que operó desde el propio Estado afectando “la seguridad de los establecimientos penitenciarios, la fe pública y el regular funcionamiento de la administración”. Uno de los puntos centrales de la acusación es la flexibilización voluntaria de los controles: “Debilitaron deliberadamente la política de seguridad”, omitiendo requisas, controles tecnológicos y medidas básicas que impedían el ingreso de elementos prohibidos. Ese vacío −estimó el fiscal− fue la base para la construcción de un circuito ilegal dentro de las cárceles. El expediente describe cómo teléfonos celulares, drogas y otros objetos circulaban con regularidad y eran ofrecidos “a cambio de dinero a los reclusos, propiciando un mercado ilegal dentro de los complejos carcelarios”. La fiscalía sostuvo que el acceso a esos elementos permitía a los presos seguir delinquiendo desde prisión, integrando redes que realizaban estafas, extorsiones y otros delitos en el exterior, ampliando el impacto del sistema corrupto más allá de los muros de las penitenciarías. Al mismo tiempo, se afirmó, este esquema produjo una transformación en la dinámica de poder dentro de los penales. Se habría favorecido “la conformación de un cogobierno” con internos que lideraban pabellones −llamados “plumas”−, cuya posición podía obtenerse mediante pagos. En una de las frases más contundentes del requerimiento de elevación a juicio, el fiscal afirmó que, como resultado de estas prácticas, los establecimientos “se convirtieron en un caótico antro”, alejándose de su función de resocialización y convirtiéndose en ámbitos donde se consolidaban conductas delictivas. El deterioro también se habría reflejado en las condiciones de detención. La acusación mencionó hacinamiento, deficiencias alimentarias y falta de atención médica, en un esquema donde incluso derechos básicos podían depender del pago de dinero. Prácticas tarifadas También el funcionamiento económico de la presunta organización apareció detallado en el expediente. Gavier reconstruyó una "lista de precios” que incluía traslados, visitas, protección dentro de los pabellones e incluso el ingreso de teléfonos celulares, con valores que alcanzaban cifras millonarias. Por ejemplo, una visita privada costaba alrededor de $180.000; una videollamada en reemplazo de visita: $15.000 por hora; el traslado entre establecimientos: $400.000; atención médica: $150.000, e ingreso de un elemento cortante: entre $25.000 y $50.000. Otros valores de la “lista” incluían garantizar que una encomienda no sea confiscada: entre $15.000 y $20.000; ingreso de smartphone, entre $600.000 y $800.000; de un celular más antiguo: $500.000; de chip de telefonía (SIM), $5000; obtener “resguardo de integridad física”, $250.000, y acceso al rol de “pluma” (liderazgo de pabellón), un pago inicial de $1.200.000 y $600.000 de mantenimiento mensual. Estas cifras son centrales en la acusación porque, según la fiscalía, muestran que no se trataba de hechos aislados, sino de un sistema tarifado y organizado, con precios relativamente estandarizados para distintos “servicios” dentro de los establecimientos penitenciarios. Los hechos de extorsión incorporados a la causa refuerzan ese esquema. En uno de los casos, se describe cómo un interno habría entregado –a través de su pareja— 25.000 dólares para obtener un traslado. Según el fiscal, los acusados “habrían decidido desapoderar ilegítimamente” a la víctima, concretando la maniobra mediante exigencias y presión. La investigación también apunta a posibles maniobras de encubrimiento. Menciona informes falsos, demoras en procedimientos y acciones destinadas a entorpecer investigaciones judiciales, lo que habría permitido sostener el funcionamiento de la organización en el tiempo. Antecedente con condena El caso se inscribe, además, en un contexto más amplio. La semana pasada el Juzgado de Control y Faltas N°7 dictó sentencia en un expediente tramitado bajo la modalidad de juicio abreviado, en el que se acreditó la existencia de otra organización criminal con participación de funcionarios de alto rango de la policía provincial. La causa, caratulada “Cuevas, Rubén Ismael y otros”, probó que aproximadamente entre 2016 y septiembre de 2024 funcionó una asociación ilícita destinada a cometer delitos de manera sistemática. Involucró a Alejandro Eduardo Mercado, excomisario mayor y exdirector General de Investigaciones Criminales; Cristian Norberto Rubén Cabrera, excomisario inspector y exjefe de coordinación de brigadas, y Verónica Paola Aguilar, exsubcomisaria y exjefa de brigadas en Saldán. Los integrantes de la asociación ilícita tenían, incluso, un centro de operaciones formalizado: un local llamado “Doble Click”, en una galería comercial del centro de Córdoba, desde donde coordinaban las actividades.