La nueva aerolínea Plus Ultra, del rescate de 53 millones de euros al laberinto judicial que salpica a político españoles y capitales venezolanos

2026-03-13 - 21:13

En marzo de 2021, en plena pandemia, el gobierno español aprobó un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. Era época de Covid y la emergencia justificaba esos apoyos. Sin embargo, jamás quedó claro el motivo de esa cantidad de millones para una empresa que tenía menos de 1% del mercado. Pasó el tiempo y varias investigaciones judiciales ligan a esta firma con el socialismo español, con la familia de José Luis Rodrígez Zapatero y con capitales que podrían venir del régimen venezonalo. Después de detenciones de algunos de sus ejecutivos, juicios y sospechas, la empresa empieza a cubrir la ruta entre Buenos a Madrid. El primer vuelo partirá de la capital española el 23 de mayo y llegará a Ezeiza al día siguiente. Esos son los planes de una primera una primera etapa en la que tendrá dos frecuencias semanales. A partir de junio, dicen, sumará otra más hasta llegar al vuelo diario en dos años. Traerá consigo miles de pasajeros por mes, y con ellos, una bodega llena de sospechas, pruebas y suspicacias que jamás se despejaron. La historia de Plus Ultra empezó cuando 53 millones de euros partieron del fondo de apoyo a empresas estratégicas administrado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un instrumento que se creó para evitar que compañías golpeadas por el Covid-19 desaparecieran. La decisión, que en ese momento pasó casi desapercibida en el contexto de la emergencia sanitaria, terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del programa de rescates empresariales de España. Plus Ultra era una aerolínea muy pequeña, con menos del 0,1% del mercado y apenas unos 156.000 pasajeros antes de la pandemia. En ese momento, operaba una red limitada de rutas principalmente entre Madrid y algunas capitales de América Latina. Cuando el Covid cedió y empezó el repaso de las medidas extraordinarias, el caso empezó a ocupar a competidores y sectores políticos que cuestionaron que una compañía de ese tamaño pudiera ser considerada “estratégica” para el país. La polémica se instaló y el gobierno socialista defendió la ayuda alegando que sostenía 350 empleos directos y unos 2500 indirectos, además de alegar que mantenía conexiones con comunidades latinoamericanas en España. El rescate se transformó rápidamente en un campo de batalla político. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuestionaron la decisión y reclamaron explicaciones sobre el proceso que llevó a considerar estratégica a la aerolínea. Hubo, también, denuncias judiciales promovidas por organizaciones de la sociedad civil como Manos Limpias. Pero el caso volvió a tomar impulso en los tribunales por otra vía. Investigaciones posteriores empezaron a poner la lupa sobre los flujos financieros alrededor de la compañía y su entorno empresarial, en particular por la participación de inversores vinculados a Venezuela. A partir de allí se abrió una causa más compleja, que hoy analiza posibles delitos de blanqueo de capitales y pagos de consultoría que circularon entre distintas sociedades vinculadas al negocio. En ese entramado aparece una consultora llamada Análisis Relevante, que habría prestado servicios de asesoramiento vinculados a la aerolínea. Parte de los fondos que pasaron por esa sociedad terminaron en distintos contratos de consultoría y comunicación. Entre las empresas que habrían trabajado para esa consultora figura Whathefav, una firma vinculada a las hijas del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que habría realizado trabajos de diseño y comunicación para informes elaborados en el marco de esos servicios. La investigación judicial aún intenta determinar si esos contratos correspondían a trabajos reales de consultoría o si, por el contrario, formaban parte de un circuito de pagos que podrí haber servido para canalizar comisiones o retribuciones vinculadas al rescate. Por ahora, la causa sigue abierta y bajo análisis de la Justicia española. Los implicados han negado irregularidades y sostienen que los servicios prestados fueron legítimos y declarados. Uno de los puntos más sensibles del caso de Plus Ultra Líneas Aéreas es