La eutanasia a Noelia Castillo vuelve a plantear hasta dónde llega la autonomía personal frente al dolor
2026-03-26 - 19:51
BARCELONA.- Después de más de 600 días de batalla legal, Noelia Castillo Ramos logró poner fin a su vida de la forma que ella había siempre querido: con la asistencia de profesionales médicos, de acuerdo con la ley de la eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados en 2021. Sin embargo, no está claro que haya conseguido plenamente su deseo de “morir en paz”, pues su padre y las asociaciones ultracatólicas que la apoyaban convocaron una protesta a las puertas de su hospital, a las afueras de esta ciudad. Sea como fuere, su caso generó polémica y reabrió el debate en España sobre el derecho a la eutanasia, al que se oponen los sectores más conservadores de la sociedad. Desde su aprobación, cada año aumentó el número de personas que se acogieron al derecho al suicidio asistido, que la ley restringe a aquellos casos en los que exista una enfermedad grave e incurable y un padecimiento crónico insoportable, siempre y cuando sea una decisión “libre, consciente e informada”. Según datos oficiales, en 2021 un total de 75 personas solicitaron la eutanasia, una cifra que aumentó a 288 en 2022, a 334 en 2023 y a 426 en 2024, una muestra de que la aplicación de la ley se fue normalizando. Quizás para frenar esta tendencia, los sectores contrarios a la ley, en alianza con su padre, intentaron utilizar el caso de Noelia Castillo para reabrir el debate social respecto a la eutanasia, pues sus circunstancias no encajan con el perfil habitual de las personas que solicitan este derecho. Noelia es una chica joven, de 25 años, y no padece una enfermedad terminal. A pesar de que, ciertamente, sufre un dolor físico crónico ligado a su tetraplejía, en su evaluación se tuvo en cuenta su malestar psicológico, algo inusual. Hasta cinco instancias judiciales diferentes, la última de ellas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avaló la legalidad de su petición. La joven estuvo en tratamiento psiquiátrico desde los 13 años y en varias ocasiones intentó suicidarse. En una de ellas saltó al vacío desde un 5° piso, y fueron las lesiones derivadas de aquel intento las que la dejaron postrada en una silla de ruedas. Nacida en el seno de una familia disfuncional, Noelia pasó varios años en un centro de menores, donde sufrió una violación grupal. Por eso se muestra escéptica sobre los motivos que llevaron a su padre a lanzar una auténtica cruzada para evitar su muerte. “No sé qué interés tiene en que siga viva... nunca me escuchó”, contó en una reciente entrevista televisiva. En la batalla legal alrededor de su caso, que se prolongó durante unos dos años, desempeñó un papel clave la asociación Abogados Cristianos, que forma parte de un ecosistema ultracatólico con una fuerte ascendencia en Vox y en algunos sectores del Partido Popular (PP). Horas antes de la muerte de Noelia, la portavoz del PP abordó el caso. “El Estado falló en su día a Noelia y ahora le va a volver a fallar”, declaró la dirigente, tras confesar “estar absolutamente destrozada” por el caso. En un tono muy parecido se expresó el popular Elías Bendodo: “Creo que es un fracaso del Estado, creo que es un fracaso de todos como sociedad”. Más contundentes fueron las declaraciones de los líderes de Vox. Carlos Flores, portavoz de la formación en el Parlamento, se salió del orden del día para espetar que “hoy en España se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron”. Por su parte, la Conferencia Episcopal se manifestó a través de su cuenta en X para alegar que “hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento” y lamentó que se haya llegado a esta situación porque estamos en “una ‘sociedad del bienestar’ incapaz de cuidar y amar”. En cambio, la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente celebró el fin de la agonía de Noelia y calificó de “tortura” todo el tiempo que le hicieron esperar durante la batalla legal. “Sabían desde el principio que perderían y, aun así, han hecho pasar a Noelia por este larguísimo periplo de casi dos años hasta llegar a la alta instancia europea. Es indignante”, denunció a la agencia EFE la presidenta de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Cataluña, Cristina Vallès. Desde la asociación se considera que el objetivo último era disuadir a otras personas de seguir los pasos de Noelia. Está por ver si este nuevo episodio de guerra cultural provocará cambios en la opinión pública española. De acuerdo con las diversas encuestas, más del 70% de la población se muestra de forma recurrente a favor de la ley de la eutanasia, mientras la rechaza alrededor del 15%. El apoyo es aún mayor en Cataluña, de donde proceden casi la mitad de las peticiones de eutanasia de los últimos años pese a representar una quinta parte de la población española. De hecho, en las calles de Barcelona el caso de Noelia no suscitó un gran debate. Más bien, la principal preocupación continúa siendo cuáles son los efectos de la guerra de Irán y el temor a una inflación desbocada.