Kicillof y Baradel, política y presiones
2026-03-05 - 03:14
El regreso a las aulas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro y San Juan que debía concretarse el lunes último se vio afectado por medidas de fuerza con fuerte acatamiento en el conurbano y grandes ciudades. Los intentos de acuerdo en las paritarias docentes bonaerenses no prosperaron y la amenaza de una huelga que se cernía ominosa terminó concretándose bajo el impulso del Frente de Unidad Gremial, que nuclea a la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba). El reclamo coincidió con el paro nacional convocado por el congreso nacional de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que involucra a los educadores de todo el país, con impacto en 8,5 millones de estudiantes de 15 provincias. Suteba es el gremio más numeroso, con más de 115 mil maestros y profesores, bajo el cuestionado liderazgo de Roberto Baradel. De fuertes vínculos con el gobernador Axel Kicillof desde su asunción en 2019, ante el confrontativo pronunciamiento de la FEB, Baradel no pudo desmarcarse. Lo intentó al insistir con que los reclamos debían resolverse desde la administración nacional, a través de la restitución del Fondo de Incentivo Docente, la concreción de la paritaria nacional, el aumento del presupuesto educativo, el rechazo a la ley de libertad educativa y el reclamo de fondos adeudados a la provincia. Claramente, prefirió apuntar al gobierno de Javier Milei y disimular así el pedido de incremento de sueldos a la administración bonaerense. Lo cierto es que Baradel no ha logrado blindar al gobernador ante el reclamo de las bases, que ya venían retrasadas salarialmente desde el año pasado, con aumentos del 25,9% que no cubrieron la inflación oficial del 31,5%. Hoy los docentes cobran uno de los menores salarios en los últimos 20 años. El apoyo político al proyecto del gobernador no es compatible ni con los intereses de los docentes ni con la situación edilicia de algunas escuelas en una provincia que también reclama por el normal funcionamiento de las prestaciones del IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses. Por su parte, los sindicatos nucleados por la CGT –la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA)- también reclamaban convocatoria a paritarias nacionales, suspendidas desde que La Libertad Avanza llegó al poder, y advierten que recurrirán a nuevas medidas de fuerza. En las últimas horas, ha habido contactos entre el gobierno nacional y los gremios docentes. Mientras estos reclaman la presencia del Ministerio de Economía para avanzar en la cuestión presupuestaria, desde el Ministerio de Capital Humano se apuesta a descentralizar la conversación hacia las provincias, en tanto son las verdaderas empleadoras de los docentes. Más de 20.500 establecimientos educativos - 6000 de ellos privados- y 550 mil educadores del sistema bonaerense registraron el impacto del paro. Fue el primero que debió enfrentar Kicillof en lo que va de sus seis años de gobierno, con los estatales y los judiciales también en conflicto. Cinco millones de alumnos se vieron afectados por la medida de fuerza. El paro volvió a mostrar la capacidad de extorsión del sindicalismo argentino, un problemamucho más que pedagógico. Nuestros niños no pueden seguir siendo rehenes de estos procederes.