Javier Curcio: “Este Gobierno apuesta al capital humano, pero desfinancia la educación y las universidades”

2026-03-22 - 03:10

“En el Gobierno de Macri, las universidades alcanzaron el nivel más alto de participación en el PBI”, dice. “Hoy, el salario del sector privado formal registrado está cayendo casi un cinco por ciento contra una caída del 38 por ciento en el caso del salario de los profesores universitarios, ambos comparados con noviembre de 2023”, advierte. “Respecto del comienzo de la gestión de Milei, hoy hay una caída del 48 por ciento del aporte en el sistema educativo general, y para universidades, una caída en torno al 35 o 37 por ciento”, alerta. “La Ley 2025 fue una sobreactuación frente al exceso de ajuste del Gobierno”, analiza y agrega: “La Ley 2025 no tiene una lógica de consolidación fiscal aunque haya sido aprobada y tenga todo el peso legal”. “Hay que discutir una ley de financiamiento con gradualidad razonable”, subraya. “Debimos buscar una salida dialogada más seria, más consistente y más sostenible”. “El nuevo proyecto de financiamiento universitario del Gobierno sobreactúa en sentido contrario”, diferencia, y sigue: “Tensiona el principal insumo que tiene el sistema universitario, el recurso humano. Pretende recomponer un 12,3 por ciento en total en tres cuotas, en marzo, julio y septiembre: ni siquiera empata la inflación de estos primeros meses. Es básicamente una cargada para el sistema universitario”, cuestiona. “El ajuste universitario debería estar entre 17 y 25 por ciento, no en 33 por ciento”, advierte. “Hay que reducir el tamaño del Estado, pero este ajuste es difícil. El ajuste del gasto operativo en las universidades es del 15 o 20 por ciento”, precisa. “La universidad pública tiene que debatir el acceso y la graduación”, propone. El economista Javier Curcio, respetado especialista en políticas fiscales y monitoreo de las políticas públicas, estuvo en La Repregunta. Curcio es director del Departamento del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es investigador del Conicet. Fue especialista en inversión social en Unicef y consultor de organismos como el BID, entre otros. Foco en el capital humano, pero ajuste universitario: ¿una contradicción mileísta? ¿Cuánto cayó el gasto en las universidades públicas? ¿A cuánto llega la caída del salario real de los docentes universitarios? ¿Riesgo de vaciamiento de las capacidades de las universidades? Leyes en pugna: ¿por qué el Gobierno sigue incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario? ¿Qué propone el proyecto oficialista? Universidades públicas y los problemas de ingreso, arancelamiento, cantidad de alumnos y graduados y dotación docente. ¿Por qué se resiste a la mejora? Curcio hizo su análisis. Aquí, la entrevista completa. -Me interesa empezar con una actualización de cuál es la situación del mundo de la universidad pública argentina hoy. ¿Cuál es el presupuesto dedicado a las universidades con el que se inauguró 2026 después de la aprobación el año pasado? -En términos reales, el presupuesto aprobado implica una caída respecto de la situación previa porque la falsa presunción del Presidente en la presentación en la Asamblea no estaría cumpliéndose: hay una subestimación de la inflación. El incremento del 8 por ciento para el sistema educativo se reduciría, a no ser que se incrementen los créditos. Esa estimación inicial no alcanzaba a las universidades, que se mantenía en el mismo nivel: un nivel cercano a 0,47 o a 0,48 puntos del PIB para 2026, el año en el que el presupuesto se está implementando. Si no se aplica la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2025, esos márgenes se van a reducir aún más. -¿Cuál era la inflación estimada en el presupuesto 2026? -Es un 10,6. -Es decir, la inflación 2026 estaba calculada en 10,6. Todo el mundo está hablando de veintipico para este año por lo menos. Ya es irreal en términos de la inflación real. Ahora, ¿en el presupuesto había un aumento de presupuesto educativo? -Sí, la estimación presupuestaria implicaba un aumento para educación del ocho por ciento real contra un 10 por ciento de inflación. Eso era para el sistema educativo en su conjunto. -Nivel inicial, primaria, secundaria... -Y en el presupuesto aprobado, el gasto en universidades se mantenía constante, en el mismo nivel del cierre de 2025. Acumula una caída cercana al 40 por ciento. Es del 30 y pico por ciento para universidades. El acumulado de caída para educación en su conjunto es del 48 por ciento. Todo comparado con el cierre de 2023, o sea, el comienzo de la gestión de Milei. Una caída del 48 por ciento del aporte en el sistema educativo general, en todos los niveles educativos. Y dentro de eso, para universidades, una caída en torno al 35 o 37 por ciento. Salarios universitarios, ¿los más perjudicados? -Tema salarios: el presupuesto universitario está alocado en un 90 por ciento al gasto salarial, a la paga de salarios de docentes y de no docentes universitarios. ¿Cuánto representa la caída del salario real de los universitarios desde diciembre de 2023? -En diciembre de 2025 con respecto a diciembre de 2023, la caída era del 33 por ciento. Si actualizamos el dato al día de hoy, la caída siguió y llega casi al 38 por ciento comparado con fin de 2023. Y esa caída es la que la Ley del Financiamiento Universitario establece que hay que revertir. Lo que ordena la ley, ratificada después de los vetos y demás, es que hay que revertir totalmente el ajuste y retrotraer los niveles salariales a noviembre de 2023. -Quiero completar el panorama de la situación actual para después discutir la cuestión de la Ley de Financiamiento. Comparada con la caída del salario real del sector público, ¿qué surge de esa comparación? -Educación sufre los niveles de mayor ajuste. Y algo que es controversial, este gobierno apuesta al capital humano y denomina al ministerio que coordina todas estas áreas como Ministerio de Capital Humano, pero desfinancia la educación en su primer renglón, el reglón de mayor ajuste. Ese 48 por ciento de ajuste para toda la función educativa casi duplica el ajuste al sector público en general, que fue cerca del 25 por ciento en términos reales. Esos niveles de ajuste implican que la continuidad operativa es muy difícil. Cuando uno reduce cualquier función en ese nivel, es muy difícil que se mantengan las funciones que se estaban desarrollando. Y esto no niega el reconocimiento de que había que reducir el tamaño del Estado, de que había que arreglar las cuentas públicas, de que hay muchísimos desafíos pendientes en cada uno de estos sistemas. Pero el punto es que el nivel de ajuste y en estas proporciones, con estas características, hace muy difícil continuar prestando esa función. -Si se comparan los salarios de docentes universitarios con el sector formal privado, ¿qué surge? -Los salarios del sector privado fueron cayendo y recuperando. A diciembre de 2025, la caída es cercana 1,5 o 1,7 por ciento o sea, el sector privado formal registrado casi empató ese ajuste inicial, pero de ahí en adelante, en los meses que van pasando en 2026, están cayendo porque, lamentablemente, la inflación se está acelerando. Y todos estos datos son de antes de los impactos de la guerra en Irán: esa brecha va a tender a aumentar porque es muy difícil sostener el precio del combustible, de los distintos insumos. En esa lógica, el sector privado formal registrado está cayendo casi un cinco por ciento a niveles más recientes. Una caída del cinco por ciento contra el 38 por ciento en el caso de los profesores universitarios, del personal de universidades en general. ¿Cuánto cayó el gasto operativo en las universidades? -En 2024, se movilizó la comunidad universitaria, que es muy amplia porque hay más de 2 millones de estudiantes universitarios en el sistema universitario público en la Argentina y la familia argentina y el ciudadano de a pie lo valoran. En ese momento, hubo un debate sobre si el Gobierno estaba haciendo las transferencias correspondientes para los gastos operativos, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires y de los hospitales universitarios. ¿Cómo se están comportando esas transferencias? -Esas transferencias también sufrieron fuertes ajustes en el guadañazo: en la motosierra inicial, todos habían se habían reducido fuertemente. Frente a eso, la primera señal de alarma que puso el sistema universitario es: con este nivel de gasto de funcionamiento, no podemos seguir funcionando; hubo apagones. -Pero el Gobierno fue corrigiendo ese punto. -En ese momento lo corrigió y fue reduciendo el ajuste para alcanzar el nivel del ajuste del sector público. Por fuera de esa mayor tajada que le sacó a los salarios, fue corrigiendo el ajuste del gasto operativo. El ajuste podría haberse manejado de manera más homogénea. El gasto operativo representa un cinco o un siete por ciento del total del financiamiento universitario. Ese ajuste fue revirtiéndose en parte y cayendo en el orden del 10 o del 15 por ciento, al nivel del 20 por ciento en respuesta a estas marchas y la presión social para sostener el funcionamiento de las universidades -Y al día de hoy, ¿a cuánto llega ese ajuste del gasto operativo? -El ajuste operativo está más o menos en ese orden, entre 15 y el 20 por ciento de los gastos, también en lo que hace a gastos de salud. Todo eso se redujo fuertemente en el sistema universitario, pero no tanto como el ajuste en salario. La Ley de Financiamiento Universitario y el fin del ajuste salarial -El año pasado, uno de los debates más calientes del Congreso giró en torno a la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno vetó, pero el Congreso logró defender. Finalmente fue sancionada. Cuando el Gobierno la promulgó, decidió suspender su aplicación. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el aval de más de cuarenta universidades, presentó un recurso de amparo ante la justicia. El juez Guillermo Cormick le dio lugar a esa cautelar y le ordenó al Gobierno la aplicación de la ley, algo que todavía no sucede. ¿Qué dice esa ley? -En relación con los salarios y todo el resto de los gastos de funcionamiento de hospitales y de las distintas funciones que desarrolla la universidad, la ley retrotrae el nivel de ajuste a noviembre de 2023, es decir, elimina todo el ajuste existente, ese casi 30 y tanto por ciento. -¿Obliga a reconstruir el nivel salarial de los docentes universitarios? -Sí, exacto. Exige la reducción de ese 32 o 33 por ciento de ajuste que se dio desde noviembre de 2023 hasta ahora. Eso implicaría incrementar en un 50 por ciento los niveles de gasto actuales. Para revertir una caída del 33 por ciento, hay que casi duplicar el nivel actual de gasto. Eso vale no solamente para los gastos salariales sino también para el resto de los gastos de funcionamiento. En ese sentido, la ley fue una sobreactuación frente al exceso de ajuste del Gobierno: un posicionamiento, con todo el aval social, de que a las universidades no se las toca. Macri: ¿la presidencia con el mayor peso de universidades en el PBI? -Me interesa ese punto. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que esa recomposición que plantea la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y finalmente derogada en un decreto, representa el 0,23 por ciento del PBI. ¿Esto es así? -Sí, exacto, porque las universidades tienen una participación en el PBI que era cercana a 0,73 o 0,74 puntos del PBI. Su nivel más alto fue de casi 0,9 en 2017 y 2018. A partir de 2018, empieza a caer. -¿Eso se dio en el gobierno de Macri? -Sí, exacto. En el medio y hasta el momento en que se empieza a complicar la economía en el Gobierno de Macri en 2018, las universidades están en su nivel más alto. Fue la apuesta en ese capital humano, la identificación de la importancia de la innovación y la ciencia y el rol que la universidad ejerce. Del kirchnerismo a Milei, ¿cómo se comportó el gasto universitario? -Qué interesante ese dato porque la conversación gira en torno a una defensa de la universidad pública por parte de los gobiernos kirchneristas y los gobiernos de centro derecha como en contra de eso. Pero usted está subrayando que un gobierno de centroderecha como el de Macri planteaba una política universitaria que lleva a su pico el peso del gasto universitario en el PBI. ¿No se dio eso en el kirchnerismo? -El kirchnerismo sostuvo un nivel salarial un poco más alto. El gobierno de Macri sobreactuó cierto sostenimiento de gastos sociales frente a esa crítica que mencionás. Además la apuesta estaba en línea con la idea de la salida gradual, que lamentablemente no se logró y es parte de las críticas que los relatos extremos hacen a esa búsqueda de una salida más gradual, que es la que podría ser más viable. Pasar de ese 0,73 al 0,47 que tenemos hoy representa una caída de 0,23 o 0,24: esa es la diferencia que hay que revertir, y es la que el Congreso le ordena al Poder Ejecutivo revertir. El Poder Ejecutivo lo está incumpliendo desde hace seis meses. -Durante la presidencia de Alberto Fernández, ministerio de Economía de Sergio Massa, los salarios del sector universitario acompañaron a la inflación y en algún momento, en algunos meses, marzo, abril, mayo, inclusive la superaron. -El problema ahí es la escalada de la inflación. -En esa gestión, ¿la representación del gasto universitario en el PBI había bajado o había subido dado este aumento de salarios? -El problema es la escalada de los precios y cómo acompañaban los salarios. La segunda mitad del gobierno de Fernández, Massa en el Ministerio de Economía, buscó ir acompañando a los salarios y el sistema universitario defendió eso y logró sostener esa proporción. En términos del PBI, se mantuvo constante, alrededor de 0,7. Ahora está por debajo de 2017, casi 0,2 puntos del PBI, todos niveles de envergadura muy importante, y 0,24 o 0,25 por encima del ajuste. -Es importante esto: a las personas que no estamos acostumbradas a pensar las dimensiones más precisas de la política fiscal se nos escapa si 0,23 es alto o bajo. ¿Es un gasto alto o bajo? -Es mucha plata. Para dar una idea, la AUH es 0,4 puntos del PBI. Todo el sistema educativo representa cerca de cuatro puntos del PBI, lo que debería ser seis por la Ley de Educación Nacional. Ese piso se eliminó con este último proyecto de ley. Cuando hablamos de PBI, estamos hablando de mucha plata. Lo que estamos buscando en esa lógica es cómo acomodar las grandes cuentas públicas. Financiamiento universitario: ¿qué dice el nuevo proyecto oficial? -Hay un debate judicial en torno de la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno incumple. El Gobierno apeló la decisión del juez Cormick. Pidió su apartamiento y la Cámara rechazó ese pedido. Al mismo tiempo, el Gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, el tercer proyecto de ese tipo que se discute en la gestión de Milei en dos años y tres meses de gobierno: el primero, en 2024, no logró ser aprobado en el Congreso. El de 2025, sí, pero el Gobierno no lo cumple. Y en esta propuesta, el Gobierno está planteando una recomposición del salario a partir de marzo, pero no actualizado según el INDEC. ¿Cuál es la visión que hay en el debate universitario y en el CIN sobre esta propuesta oficial? -El primer proyecto de ley buscaba alguna gradualidad en el ajuste y el Gobierno lo eliminó de plano. Frente a eso, el Congreso sobreactuó y aprobó y, en medio de cierto declive del Gobierno previo a las elecciones de medio término, logró la fuerza para ordenarle al Ejecutivo revertir todo el ajuste. Esa ley no tiene una lógica de consolidación aunque haya sido aprobada y tenga todo el peso. Debería discutirse en un término de gradualidad razonable. -Ese es un punto interesante. El año pasado, el Congreso fue el campo de batalla casi electoral entre la oposición más dura e inclusive parte del voto de la oposición dialoguista y el oficialismo. Hubo dieciocho rondas legislativas en las que el Gobierno salió derrotado. Una de ellas fue la Ley de Financiamiento Universitario. Ahora, usted subraya que esa ley fue poco razonable. Fue más una conquista en medio de una batalla cultural que una posibilidad real de que eso se concretara. -Y fue una sobreactuación frente al embate del Gobierno. Ahora, la ley tiene que ser respetada porque tiene toda la fuerza legal. No resiste ningún análisis la interpelación que hace el Gobierno frente a la justicia. En los tiempos de la justicia, y si la justicia funcionara independientemente, la ley tiene todo el peso y tiene toda la racionalidad para ser implementada. Pero en relación a la consolidación fiscal y en el reconocimiento de cómo hay que aplicar el ajuste, podríamos haber buscado una salida dialogada más seria, más consistente y más sostenible. Y a eso quería llegar: esta tercera ley que propone ahora el Gobierno es un poco la contracara de esa sobreactuación. Ahora es la sobreactuación oficial del Gobierno diciendo, básicamente: puedo entender los gastos de funcionamiento. Por eso resuelve con cierta gradualidad los temas que tienen que ver con hospitales y con el funcionamiento de las universidades: en ese caso, reduce el ajuste a niveles de sostenimiento. Pero deja los salarios, ese 90 por ciento del gasto universitario, totalmente desprotegido. Tensiona así el principal insumo que tiene el sistema universitario, que es la cuestión salarial, el recurso humano. Pretende recomponer un 12,3 por ciento en total en tres cuotas en marzo, julio y septiembre. Con eso, ni siquiera empata la inflación de estos primeros meses. Para el sistema universitario y sus recursos humanos, es una cargada. No sé si habrá consenso o no para probarla, pero desde el punto de vista salarial es una nueva mala solución, otro parche malo para todo este panorama complejo. Mejora de la universidad pública: ¿cómo es un esquema razonable? Del gasto al arancelamiento y el acceso -Pasamos de una ley aprobada el año pasado que sobreactuaba y llegó a un límite imposible de cumplir a una propuesta de financiamiento del Gobierno que no logra dar respuesta a una demanda atendible. ¿Cuál sería un esquema razonable para un presupuesto y una política fiscal que por un lado, necesariamente, tiene que producir ajustes dado el nivel sobregirado del gasto público, y por el otro, tiene que responder a una demanda razonable del sistema universitario? ¿Cuál sería esa propuesta? -Para empezar, la discusión fiscal es una discusión en medio de muchas discusiones que el Gobierno no está dando. El sistema universitario tiene muchos problemas para resolver que, lamentablemente, no son parte del debate y que tenemos que identificar. Algunas de esas cuestiones están incluidas en el Proyecto de Ley que se presentó públicamente a fin del año pasado, en el Concejo de Mayo, y que hoy está dando vuelta. Son temas vinculados con el acceso a la universidad, a las evaluaciones, a las formas de considerar a un alumno en función de cuántas materias aprueba y cómo se va dosificando esa gradualidad para poder sostener el rol de movilidad social ascendente que pretendemos para el sistema universitario, garantizando al mismo tiempo un funcionamiento y una administración racional de los recursos, que además desincentive carreras perpetuas y otro tipo de dificultades. -¿Es decir que la universidad pública está dispuesta a dar ese debate? -No tengo dudas de que es un debate que hay que dar. Desde nuestra Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires estamos trabajando en eso, tenemos un observatorio que está analizando estos temas y buscando propuestas y soluciones. Es un debate que hay que dar. Tenemos que instalar todas estas discusiones en el marco de una racionalidad fiscal que acompañe esos cambios. En términos fiscales, en grandes números, el ajuste acumulado a diciembre de 2025 fue de 33 por ciento. El ajuste al sector público en promedio del sector público nacional fue el 25 por ciento y del sector público consolidado fue del 17 por ciento. En ese rango, entre el 17 y el 25 por ciento, podría estar el ajuste en las universidades también, pero no en el 33 por ciento. ¿Cómo se puede lograr cuidando, al mismo tiempo, que esa recomposición se haga con previsibilidad, con un discurso que reconozca el rol y la función que la universidad propone. Y además, que la propuesta no sea recomponer un 12 por ciento hasta septiembre de 2026 cuando la inflación mensual está más cerca de 3 por ciento mensual. -¿Hay diálogo con la Secretaría de Políticas Universitarias, con Alejandro Álvarez, que depende de Capital Humano? -No lo sé. No a nuestro nivel. El CIN y los rectores tienen algunas reuniones. Pero, en general, las posiciones oficiales que tienen estos organismos no son de un diálogo constructivo. Uno lee los tweets, agravios, exacerbaciones y demás. Es necesario organizar una Secretaría de Políticas Universitarias racional, con actores que sepan de lo que hablan, que estén establecidos en el sistema y que tengan un conocimiento del rol del sistema para poder cambiarlo. Hay que conseguir una alianza entre universidades, secretaría, Ministerio de Capital Humano, que puedan organizar una salida constructiva a todos estos problemas. Son problema de la universidad y son problema de la sociedad argentina y tenemos que resolverlos . De 2024 a 2026: ¿por qué la sociedad hoy no se moviliza por el ajuste en la universidad? -¿Por qué en 2024 la comunidad universitaria tuvo un poder de movilización que llevó a una marcha muy contundente en defensa de la universidad? Logró que el Gobierno habilitara transferencias y corrigiera el ajuste más extremo que se estaba dando. En cambio, en este 2026, el ciclo lectivo se inauguró con paros en muchas universidades, en muchas facultades, con algunas donde realmente no hay clases. ¿Por qué hoy no se da ese grado de movilización? -En Económicas hubo clases a un ritmo relativamente normal. -¿Pero por qué este año ese tema no se instala en la agenda y la comunidad universitaria no consigue el mismo nivel de atención y de movilización?¿Qué es lo distinto? -Es una buena pregunta, que me excede. Excede a mi mirada. Es extraño la poca reacción que tiene la sociedad. El salvataje que el gobierno de los Estados Unidos dio a la economía argentina supuso una ratificación al gobierno de Milei en la elección de medio término. Frente a eso, frente al oficialismo, hay una ausencia de alternativas. Una proporción importante de la población está buscando que esta solución avance porque no hay nada enfrente. El experimento en marcha hoy sigue siendo, para mucha gente, la mejor opción. Por eso puede haber poco acompañamiento. Además el Gobierno demostró que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de sostener el equilibrio fiscal. No es una buena solución. Está incumpliendo una ley desde hace seis meses. Cuenta con ciertos resortes como para que la justicia le permita el incumplimiento de una ley que tiene toda la fuerza legal. Al mismo tiempo, es capaz de frenar todo el resto de los gastos. En consecuencia, muchas universidades prefieren aceptar los gastos de funcionamiento y esa recomposición a costa de salarios con este nivel de deterioro: son las soluciones posibles dentro de ese esquema. Ajuste y salarios: ¿riesgo de vaciamiento de docentes? -¿Qué impacto tiene esta política en la continuidad de la Universidad? Lo pregunto en este sentido: docentes universitarios, profesionales respetados, que eventualmente pasan a universidades privadas o al sector privado. El inicio de un vaciamiento de esa capacidad tan interesante propia de un mundo docente de la universidad pública, con credenciales reconocidas. -Sí, sin duda estamos frente a un descreme. Y es un problema porque tampoco hay muchas garantías de que la universidad privada funcione mejor que la universidad pública. Algunas funcionan mejor; otras, menos. El financiamiento con el que cuentan esas universidades responde a una proporción de la población y dejan afuera a otros. Como sociedad, tenemos una aspiracional y una voluntad, y espero que podamos seguir sosteniéndolo, de avanzar en una movilidad social ascendente, que es condición imprescindible para el desarrollo. Sin eso, corremos el riesgo de consolidar un deterioro de una sociedad con mucha menos movilidad, con muchas menos posibilidades de una movilización social que es importante sostener. Y en esa lógica, este proceso gradual de deterioro va vaciando a la universidad. Cada día es más difícil hacer frente a estos desafíos. Necesitamos cambiar esa lógica y buscar soluciones sostenibles y duraderas. Arancelamiento y libre acceso: ¿reformas necesarias? -Usted señalaba que hay una serie de temas importantes que la universidad tiene que revisar. ¿El financiamiento público es uno de ellos? ¿La universidad tiene que empezar a ser paga según niveles socioeconómicos, con alguna fórmula que contemple una justicia que cuide las desigualdades sociales, pero al mismo tiempo familias que pueden pagar? -El financiamiento es uno de los temas a analizar y a modificar. Hablamos antes del libre acceso. -¿Hay que modificar el libre acceso? -En relación con el libre acceso, hay que tomar medidas frente al deterioro del resto de la educación: que los chicos que ingresen a la universidad ingresen con condiciones para poder formarse en el nivel superior. Ahí hay un problema de vínculo con la educación media. También es importante trabajar con el resto de los niveles para poder conseguir esa transición de la forma más adecuada posible. El acceso es parte de ese proceso. El financiamiento, también. Es importante que contemple esta realidad, que la universidad tiene un rol social importante: en algunas universidades, siete u ocho de cada diez estudiantes son hijos de padres que no fueron a la universidad y cerca del 50 por ciento de los graduados de todo el sistema universitario en promedio son primera generación con grados de educación superior. Es importante sostener ese rol. Al mismo tiempo, es importante que aquellos que vienen desde otros lugares más acomodados, con mejores posibilidades, puedan hacer un esfuerzo adicional de sostenimiento sin eliminar esa posibilidad de aquel que no puede pagar. ¿Cómo se logra esto? Es una gran pregunta y no está resuelta en ningún país. Hay algunas soluciones parciales de créditos o becas en otros países de la región como Uruguay y en alguna medida Chile. Pero nosotros tenemos toda esa discusión por delante. Lamentablemente, en estas condiciones nada de eso se puede encaminar. Tenemos que resolver la situación para instalar estos temas y abrir el debate. Auditorías: ¿cuánto avanzó el Gobierno? -¿Avanzaron en algo las auditorías del Gobierno sobre cómo está compuesta la matrícula, la cantidad de estudiantes, cuáles son estudiantes reales, cuál es la tasa de docentes en relación a la cantidad de alumnos reales que hay? Con reales me refiero a que cursan sistemáticamente determinada cantidad de materias por año. ¿Avanzó algo el Gobierno con eso? -Ahí también hubo mucho relato. Las auditorías existen. Se avanzó con la Auditoría General de la Nación en un convenio específico para incrementar las auditorías con universidades. -¿Pero eso para auditar gastos? -Gastos y también el resultado. Son auditorías integrales. -¿Y hubo algún resultado? -Todavía no porque está en proceso. La Auditoría General de la Nación se terminó de constituir hace pocas semanas, después de casi dos años de muchas dificultades. La Sigen funciona bajo la lógica del Ejecutivo. Y ahí también hay algunos convenios entre la Sigen y con ciertas universidades. -Eran previos a la llegada de Milei al Gobierno. -Sí. Hay toda una serie de diálogos necesarios para definir cómo poder evaluar mejor a la universidad y poder encontrar mejores esquemas. En relación a indicadores de cantidad de estudiantes graduados, cantidad de materias, el Gobierno tiene toda esa información, pero lamentablemente no está puesto el foco ahí en la Subsecretaría de Política Universitaria. El foco no está en mejorar la forma en la que se difunde esa información, en ponerla a disposición de los investigadores para que podamos identificar mejor qué es lo que está pasando. El foco se pone en otro lado. Se sub utiliza toda esa información. Más allá de que estemos avanzando en algunas líneas, hay todavía muchos desafíos por delante. De lo mejor y lo peor de la universidad pública a lo mejor de la política del Gobierno -Le propongo una especie de ping pong final. Le pido respuestas breves a tres preguntas. La primera: ¿qué es lo mejor de la universidad pública? -Lo mejor de la universidad pública es poder hacer confluir en un mismo ámbito distintos sectores sociales que buscan soluciones para la sociedad. Eso se logra con buena calidad académica. -La segunda pregunta: ¿qué es lo peor de la universidad pública, que hay que cambiar? -Lo peor de la universidad pública es que está cerrada a implementar las reformas necesarias para resolver parte de estos problemas. -Y la tercera cuestión: en esta batalla cultural que la gestión de Milei da en relación a la universidad pública, ¿hay algún punto razonable? -Es muy difícil encontrar un punto razonable sobre Milei. Parte de lo que se menciona también lo estamos planteando. Por ejemplo, la importancia de identificar mejor cuántos son los estudiantes activos, cuántos son los que se están graduando, cuáles son los costos de cada graduado. Pero todo queda en eslóganes sin efectividades conducentes para poder avanzar en la solución de esos problemas. Se identifica el problema, pero no se avanza en nada en la posibilidad de resolverlo. Parte de mis reclamos al Gobierno y a la Subsecretaría de Política Universitaria va en ese sentido.