En memoria del chico de 13 añdos asesinado por un compañero de colegio, impulsan en Córdoba una ley para proteger a los deudos de víctimas de delitos en su tránsito por la Justicia penal

2026-03-05 - 21:53

CÓRDOBA.- A meses de que se cumplan tres años del crimen del adolescente Joaquín Sperani, el chico de 13 años asesinado por su mejor amigo y compañero de escuela en Laboulaye, el gobierno impulsa la “ley Joaquín”, que crea un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. Esta iniciativa busca “ordenar, reforzar y garantizar la tutela efectiva de quienes atraviesan un proceso penal”. El caso conmovió al país; la familia de la víctima pidió entonces la baja de la edad de imputabilidad. La propuesta de nombre es porque, según las fuentes oficiales, se busca recordar que detrás de cada expediente “hay personas, seres queridos e historias de vida que exigen del Estado una respuesta efectiva”. El proyecto establece “derechos claros y operativos, así como obligaciones concretas para el Estado y los operadores judiciales”. Sostiene que, pese a que el sistema penal prevé instancias de intervención para la víctima, en la práctica “persisten asimetrías de información, demoras, barreras de acceso y riesgos de revictimización”. En esa línea la iniciativa fija “un piso de protección común para todas las víctimas en la provincia, sin alterar el debido proceso ni el equilibrio entre las partes”: trato digno, privacidad y no revictimización; información clara y comprensible sobre el proceso penal y sus instancias; acceso a patrocinio jurídico, incluso gratuito y especializado cuando sea necesario; participación en el proceso, tanto aportando elementos de interés como ejerciendo derechos en audiencias y decisiones clave; asistencia médica, psicológica, social y jurídica de manera gratuita y continua; medidas de protección urgentes ante riesgos o situaciones de intimidación y reparación integral del daño por vía penal o civil. El 29 de junio de 2023, Sperani no regresó a su casa desde la escuela. Lo buscaron durante tres días hasta que unos primos suyos encontraron el cuerpo en una casa abandonada, a 100 metros del establecimiento educativo. Le habían destrozado la cabeza con un caño. En ese momento, su compañero y amigo declaró “yo maté a Joaquín”. Los investigadores determinaron que el adolescente premeditó el crimen. Después de actuar en soledad regresó a la escuela. Testimonios de unas compañeras permitieron reconstruir que se había comportado de manera “normal”, que “jugó y se rio”. Incluso participó de la búsqueda y de las marchas por su amigo y durante casi tres días aportó pistas falsas para confundir a la policía. Según la reconstrucción que hizo la Justicia, ese día L. salió del Instituto Provincial de Educación Media (IPEM) N°278 Malvinas Argentinas a las 9.21 y se dirigió a una casa abandonada, donde 72 horas después, el domingo 2 de julio, fue encontrado el cuerpo de Joaquín. Llevó un pedazo de hierro con punta que usó para golpear a su amigo, además de unos pedazos de hormigón. Regresó al IPEM a las 9.56. El régimen que impulsa el Ejecutivo cordobés incorpora el principio de debida diligencia, que obliga a las autoridades a actuar sin demoras, evitando que la intervención estatal agrave el daño sufrido. La propuesta incluye un conjunto de modificaciones puntuales al Código Procesal Penal de Córdoba como la habilitación expresa para que víctimas de hechos cometidos por menores inimputables puedan constituirse como querellantes. Además están incluidas el reforzamiento de la obligación de informar y notificar a víctimas decisiones que puedan afectar su seguridad o sus derechos; establecimiento de modalidades especiales para declaraciones en delitos graves, como los vinculados a violencia de género, delitos sexuales o violencia familiar y participación de la víctima en decisiones como prisión domiciliaria, libertad condicional o suspensión del juicio a prueba. También prevé la incorporación de un nuevo artículo sobre juicio abreviado, donde la víctima deberá ser informada obligatoriamente en delitos graves (contra la vida, integridad sexual, libertad, robos agravados o violencia de género). Fija que el Ejecutivo deberá asegurar los recursos presupuestarios necesarios mediante reasignaciones o previsiones específicas. Hace un año la Justicia cordobesa condenó al Estado provincial a pagar una cifra muy importante a la familia de Sperani en el marco de la demanda civil contra el gobierno provincial y, subsidiariamente, contra los padres del homicida, que es inimputable. La condena alcanzó solo al Estado Provincial.