El conflicto del petróleo se traslada a California: la nueva cruzada de Trump contra Newsom

2026-03-18 - 16:31

En medio de las tensiones en Medio Oriente y riesgos para el suministro energético global, el presidente Donald Trump ordenó la reactivación de infraestructura petrolera frente a la costa de California. La medida, dirigida a la empresa Sable Offshore Corp., se da pese a la oposición del gobernador Gavin Newsom. La nueva cruzada de Trump contra Newsom por el petróleo en California La administración Trump comenzó a tomar medidas efectivas en Estados Unidos con el objetivo de minimizar las consecuencias económicas de su ofensiva en Medio Oriente. En California, el gobierno de Newsom lleva años en una batalla judicial contra las compañías petroleras para conseguir su objetivo de cero emisiones, con lo que prioriza la lucha contra el cambio climático. Ahora, el gobierno estatal tiene dos opciones: acatar la decisión federal o impugnarla en los tribunales. A principios de marzo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió un dictamen mediante el que autorizó a Trump anular ciertas leyes estatales que complican la producción de combustible. El pasado viernes 13 de marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva vinculada al suministro energético, que habilitó al secretario de Energía, Chris Wright, a tomar medidas bajo facultades federales para reforzar la producción. El mismo día, Wright emitió una orden para que Sable Offshore Corp. reanudara sus operaciones en su planta de Santa Ynez, que cuenta con: Tres plataformas petrolíferas en alta mar, frente a California. Un sistema de oleoductos asociado que ha estado mayormente inactivo desde un derrame por corrosión en 2015. Una instalación de procesamiento en Las Flores Canyon. En un comunicado de prensa, aseguró que el gobierno de Trump “prioriza la energía” y criticó las políticas de Newsom. “Lamentablemente, algunos líderes estatales no se han adherido a esos mismos principios, con consecuencias potencialmente desastrosas no solo para sus residentes, sino también para nuestra seguridad nacional”, sostuvo. En esa línea, agregó que la orden firmada “fortalecerá el suministro de petróleo de Estados Unidos y restablecerá un sistema de oleoductos vital para la seguridad y defensa nacional”. En concreto, la planta podría producir hasta 50.000 barriles de petróleo al día. Según el Departamento de Energía, esta cifra podría representar un aumento cercano al 15% en la producción estatal y sustituir importaciones equivalentes a cerca de 1,5 millones de barriles mensuales. En una acción anterior contra la gestión del Estado Dorado, la administración Trump presentó la semana pasada una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de California. En el documento judicial, argumentó que las regulaciones estatales relacionadas con el ahorro de combustible son ilegales. La política ambiental de California y la oposición de Newsom a las órdenes de Trump El Estado Dorado, cuya economía representa cerca del 14% del Producto Bruto Interno (PBI) estadounidense, posee importantes reservas de petróleo. No obstante, en los últimos años, su producción se redujo a aproximadamente una cuarta parte de lo que era en la década de 1980, como resultado directo de las políticas ambientales. Según el plan actualizado del gobierno estatal, el objetivo climático es: Reducir la contaminación del aire en un 71%. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para 2045. Esto incluye una reducción del 48% para 2030. Reducir el consumo de combustibles fósiles a menos de una décima parte de lo que se usa en la actualidad, una caída del 94% en la demanda de petróleo y una del 86% en la de todos los combustibles fósiles. Newsom cruzó a Trump por los impactos de la guerra en Irán La mirada política de Newsom derivó en una intensa batalla para mantener inactiva la planta en Santa Ynez. A través de un comunicado de prensa, la oficina del gobernador calificó la instalación como “una operación ilegal clausurada en 2015 tras derramar petróleo en las playas de California y causar la muerte de miles de aves y mamíferos marinos”. Asimismo, según sus declaraciones, la producción petrolífera de Sable Offshore Corp “no tendría ningún impacto en la disminución de los precios mundiales del petróleo”. “Donald Trump inició una guerra, admitió que dispararía los valores de la gasolina en todo el país y les dijo a los estadounidenses que era un precio pequeño a pagar. Ahora está aprovechando esta crisis para intentar lo que lleva años queriendo hacer: abrir las puertas de la costa de California a sus amigos de la industria petrolera para que contaminen nuestras playas”, denunció. Luego, aseguró que se trata de “un intento de reactivar un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales...”, según la oficina del gobernador. Las medidas de California para evitar la producción de petróleo que impulsa Trump Al margen de la influencia de las tradicionales políticas ambientales del gobierno estatal, la producción petrolífera en Santa Ynez fue objeto de varias medidas judiciales. En julio de 2025, un juez de Santa Bárbara firmó una orden que prohibía la apertura del oleoducto hasta que la empresa obtuviera todos los permisos estatales necesarios para la infraestructura. Como el Estado no tenía intenciones de otorgar los permisos, esto representó una reafirmación de la imposibilidad de la compañía para operar allí. El mes pasado, el juez ratificó su voluntad, según informó CalMatters. Unos meses después de la primera orden, en octubre, el jefe de bomberos de California emitió un dictamen en el que determinó que Sable necesitaba realizar más reparaciones antes de reiniciar el oleoducto. La empresa argumentó que estas reparaciones no se habían discutido previamente. No obstante, en diciembre, la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (Phmsa, por sus siglas en inglés) estableció que el oleoducto era una infraestructura interestatal. De esta manera, brindó a la administración Trump la posibilidad de decidir sobre su futuro. A pesar de las demandas contra esta acción, ahora el gobierno federal tiene la última palabra, pero la batalla judicial podría extenderse.