Bullrich se mostró optimista respecto al tratamiento de la reforma laboral: “Tenemos una buena cantidad de votos”

2026-02-10 - 03:36

Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11. Leé la nota completa acá En la previa de la sesión, la senadora Patricia Bullrich dijo que el oficialismo tiene “buena cantidad de votos” para aprobar el proyecto de la reforma laboral. Lo expresó mediante una publicación de X en la que también señaló que el apoyo al proyecto impulsado por el oficialismo se logró gracias a una “construcción colectiva” con todos los senadores. Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores. Tenemos una buena cantidad de votos para la Modernización Laboral. El miércoles sesionamos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2026 El secretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, recibió al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y a su vice, Franco Bartolacci. Según comunicaron fuentes oficiales, durante el encuentro, conversaron sobre una modificación a la Ley de Financiamiento Universitario y la construcción “de un nuevo esquema” que sustituya al actual “sin derogarlo”. “Lo que se busca desde el Gobierno es previsibilidad fiscal y alivio presupuestario para las universidades públicas”, dijeron a este medio fuentes con conocimiento de lo que pasó en la reunión. “El objetivo es destrabar el conflicto que se arrancó en 2024”, explicaron. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para el miércoles 11 que incluirá una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneos. La medida busca rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno que se tratará ese mismo día en el Senado. CATT calificó en un comunicado a la iniciativa oficial como “regresiva”. “Avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”, expresaron. En la reunión del Consejo Directivo sostuvieron que la reforma busca “precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía”. La CATT también advirtió que, desde hace cuarenta años, ante cada estancamiento económico, “se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza”. Sin embargo, la entidad señaló que esto, a su parecer, no ocurrió: “Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”. Juan Carlos Schmid, Secretario General, consideró, en esa misma línea, que la reforma “ataca los derechos constitucionales”, “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo” y “favorece decididamente al sector empresarial”. Por su parte, Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, expresó: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación”. Leé la nota completa acá Un grupo de obispos que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas de la Iglesia católica rechazaron mediante un duro documento la baja de la edad de imputabilidad y advirtieron al Gobierno que “no resuelve el problema”, sino que “lo profundiza”. Señalaron que la iniciativa “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico, y en cambio pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel. Reconocieron que es necesaria una reforma para adecuar las normas a los compromisos internacionales en defensa de los menores de edad, pero señalaron que “el debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático”. Dijeron que una propuesta normativa “debe surgir del compromiso con la realidad y la responsabilidad pública, no del oportunismo electoral ni de la manipulación del legítimo malestar social”. Bajo el título “Cuando el oportunismo reemplaza al realismo”, mencionaron: “Constatamos que el oportunismo político prescinde incluso de los datos empíricos disponibles y, a partir de hechos particulares, instala un discurso de soluciones aparentes e ilusorias”. La carta abierta está firmada por Cáritas Nacional, que preside monseñorGustavo Carrara; la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, que preside el obispo de Azul, monseñorHugo Salaberry, e integra el arzobispo de Buenos Aires, monseñorJorge García Cuerva; y la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida. Leé la nota completa acá El dólar aceleró hoy su tendencia a la baja al cerrar ofrecido para la venta al público en el Banco Nación a $1440 —a $1446 en promedio entre los bancos privados—, es decir, con un nuevo retroceso de $10 frente al cierre del viernes, lo que lo llevó a ubicarse en el menor nivel desde el 20 de noviembre pasado. Lo que esa cotización -y el resto de los precios a los que se comercializa el billete- reflejó fue el desplome de $16 que sufrió en la jornada el dólar mayorista al clausurar la rueda a $1407,00/1416,00 por unidad para la compra y venta respectivamente (-1,1%), tras registrar “la caída más importante para un día de operaciones desde el comienzo del año y replicar la registrada el 17 de noviembre”, hizo notar al respecto el operador y analista Gustavo Quintana, de PR Cambios. De este modo, se distanció un 11,5% del techo de la banda cambiaria, en la fecha establecida en $1578,71, y tomó con ese nivel la mayor distancia desde el 26 de septiembre. Todo sucedió al cabo de una rueda dominada claramente por la oferta y en la que el mercado oficial operó en el segmento de contado US$430,929 millones. “El billete operó todo el día sin lograr encontrar un piso firme, con predominio absoluto de la oferta y una demanda que se fue retirando a medida que los precios cedían. Abrió a $1432, nivel de cierre del viernes, pero se acomodó rápido en la zona de $1425 antes de que, con el correr de las horas, se acentuara la dinámica bajista”, describieron desde ABC Mercado de Cambios. Leé la nota completa acá En el Indec hay una sensación de tristeza y de historia repetida. Los trabajadores de ATE en el instituto harán mañana una radio abierta a las 15.45 —quince minutos exactos antes de la salida del informe oficial de inflación de enero— en la puerta del organismo para reclamar por la publicación del nuevo IPC, una movida que recuerda a los “abrazos” en la oscura era de Guillermo Moreno y el apagón estadístico. La polémica —dicen sus técnicos— se sostendrá ahora con cada salida de un indicador público sensible hasta que el Gobierno dé marcha atrás con el freno a la salida del nuevo IPC. En los pasillos del organismo afirman que el daño a la credibilidad de la información pública y la confianza de los índices ya fue hecho por la decisión que tomaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei. Por suerte, contaron, los trabajadores todavía pueden reírse de la situación: llaman el nuevo termómetro para medir la inflación “IPC Benjamin Button”, porque “nació viejo”, o “IPC Bastardo”, porque “el Gobierno no lo quiere reconocer aunque ya lo había anunciado”. Lo hizo en un informe del Indec, en la ley de presupuesto 2026 y también desde un informe oficial del Banco Central (BCRA). El índice de precios de enero, que se conocerá el martes a las 16, llegará envuelto en la desconfianza que el propio Gobierno generó para todos los usuarios de las estadísticas, entre quienes están quienes quieren actualizar el alquiler, negociar una paritaria o hacer una inversión, además de académicos, sindicatos u organismos internacionales, entre otros actores. No sólo los bonistas que tienen papeles atados al CER son el mercado, ni los únicos que miran estadísticas. Si no se confía en un dato, como ocurrió en el pasado, empiezan a surgir alternativos, como el IPC porteño. Leé la nota completa acá El juez federal Sebastián Casanello procesó por corrupción a quienes encabezaron la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y sostuvo que el Estado pagó sobreprecios por $5.984.594.394,24 (unos cuatro millones de dólares), pero advirtió que “el esquema delictivo parecería no agotarse” en los hechos que dio por probados en su fallo. El juez sospecha que hay otros delitos y otros responsables aún no identificados. ¿Hasta donde puede llegar la investigación? La génesis de esta causa son los audios en los que una voz atribuida a Diego Spagnuolo, por entoces titular de la Andis, vinculaba a Eduardo “Lule” Menem y a Karina Milei con un presunto “choreo” montado dentro del organismo. Los audios trascendieron en agosto del año pasado. La voz adjudicada a Spagnuolo dice que ya había puesto sobre aviso de lo que estaba pasando a Javier Milei, con quien tenía una relación cercana (llegó a ser su abogado personal). Ni Menem ni la hermana del Presidente están bajo investigación en estos momentos y esos audios no fueron siquiera usados como prueba en el expediente (el fiscal Franco Picardi prescindió de ellos, consciente de que en caso de ser declarados ilegales, podrían hacer caer la causa entera). En la resolución de este lunes, Casanello revela una comunicación donde dos de los presuntos jefes de la asociación ilícita que funcionó en la Andis parecen aludir de forma críptica a Menem y al riesgo de que Spagnuolo cometiera “una torpeza” que los complicara a todos. Se trata de un mensaje enviado por Pablo Atchabahian a Miguel Angel Calvete, el 6 de junio de 2025, dos meses y medio antes de que trascendiera el audio adjudicado a Spagnuolo y se abriera esta causa. El mensaje parece aludir a la interna política libertaria entre Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem (aliados de Karina Milei). Atchabahian dice querer “alinear” a todos los jugadores, cerrar filas y evitar la indeseada “torpeza” del “pelado”. Leé la nota completa acá La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos. La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes. Pero la AFA pidió cerrar la causa por inexistencia de delito, porque sostiene que esas deudas no son exigibles puesto que existe una comunicación del ministerio de Economía, prorrogada en cuatro oportunidades, que suspendió las ejecuciones fiscales y que por lo tanto los abogados del Estado no pueden llevar a juicio esas retenciones. El juez Diego Amarante le pidió opinión a la AFA y a la ARCA antes decidir si corresponde o no cerrar la causa. El fiscal Claudio Navas Rial escribió que la ARCA informó que, tras verificar el calendario fiscal, “los vencimientos de obligaciones oportunamente denunciadas no sufrieron modificación alguna”. Según el fiscal, las resoluciones generales citadas por la defensa (como las 5482/2024 o 5806/2025) no alteraron las fechas de vencimiento impositivo y previsional de los períodos investigados. Leé la nota completa acá En el sprint final del proyecto de ley de reforma laboral rumbo a la votación en el Senado, prevista para este miércoles, el Gobierno se muestra abierto a sumar cambios, cuyos eventuales detalles y alcances son mantenidos bajo un fuerte hermetismo. Con algunas modifiaciones en el texto final, la Casa Rosada cree que lograría el apoyo de los gobernadores. Por lo pronto, la mesa política se reunirá este martes, a las 11, en la Casa Rosada, en la previa al debate y con la mira puesta en el último tramo de definiciones. Para entonces ya tendrán los resultados de la reunión que este lunes, a partir de las 18, mantendrá la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con jefes de bloques aliados. En paralelo, el titular de Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con Leandro Zdero, gobernador de Chaco, y podría sumar nuevos contactos con otros mandatarios provinciales en las próximas horas. Santilli se mostró hoy optimista sobre la aprobación del proyecto al sostener y dejó la puerta abierta a cambios. “Siempre es importante ver otras miradas y aceptar miradas de otros siempre y cuando el objetivo no sea modificar la ley”, dijo el exdiputado macrista. Se trata de una postura compartida en otras terminales del oficialismo, en las que se muestran abiertos a receptar modificaciones, aunque no a cualquier precio. “No puede haber gatopardismo”, dijo otra fuente consultada. Leé la nota completa acá El Gobierno volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que había quedado trunco el año pasado, con una novedad central: por primera vez le asignó un presupuesto concreto para su implementación. El texto, que ingresó esta mañana por la Cámara de Diputados, fija un costo total de $23.739 millones y detalla cuánto corresponde al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un punto que había estado ausente en la versión original. El proyecto mantiene, sin embargo, su núcleo más resistido: la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, aun cuando el consenso parlamentario mayoritario se inclina por fijarla en 14. Actualmente, un menor de edad puede ser juzgado y condenado a partir de los 16 años. En la versión presentada en 2024, el artículo 51 se limitaba a establecer que los gastos derivados de la reforma se atenderían con los recursos previstos en las leyes de presupuesto y mediante reasignaciones de partidas, a cargo del jefe de Gabinete. No se precisaban montos ni fuentes específicas de financiamiento. La CGT (Confederación General del Trabajo) confirmó una multitudinaria movilización al Congreso Nacional para el próximo miércoles 11 de febrero, cuando el Senado debata la reforma laboral. La protesta principal se concentrará en la Plaza de los dos Congresos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 15. Jorge Sola, secretario general del Seguro y uno de los jefes de la CGT, anunció la medida, destacando su carácter “contundente y multitudinaria”. Además, se realizarán movilizaciones similares en las sedes de las casas de gobierno en diversas provincias del país, replicando el rechazo a la iniciativa que consideran perjudicial para los trabajadores. La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció, junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, la desarticulación de aquella organización criminal dedicada a maniobras de extorsión digital. En la conferencia de prensa informaron los avances de una investigación que permitió identificar y detener a los responsables de esta red que operaba desde el sistema penitenciario. El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, denunció aprietes de cara al debate del proyecto de Ley de Modernización Laboral el próximo miércoles en el Senado. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista (PJ) en sus distritos” sostuvo el salteño en diálogo con Todo Noticias. “Amenazan con la intervención si no votan en contra de la reforma laboral. Les quitan la herramienta electoral que tienen”, agregó el mandatario provincial. Hasta ahora, los distritos del PJ intervenidos son Misiones, Salta y Jujuy, lo cual tiene al gobernador salteño en cruces públicos con la cúpula del partido encabezada por la expresidenta Cristina Kirchner. “Es muy difícil trabajar así. Cuando tienen que votar los aprietan, los amenazan. ¿Queremos seguir con esta ley laboral? No funciona, no genera trabajo, hay cada vez mayor empleo precarizado”, se quejó Sáenz. En tanto, Córdoba amaneció con pancartas dedicadas a sus senadores nacionales: Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, exJuntos por el Cambio y ahora libertarios, y Alejandra Vigo, de Hacemos por Córdoba. Los lugares no fueron casuales: la casa del Frente Cívico, para Juez;